15 de febrero de 2006

Estimado Congresista:

Consumers Union, editores independientes y sin fines de lucro de la revista Consumer Reports, está escribiendo en firme oposición a la Resolución de la Cámara 4167, el “National Uniformity for Food Act” (Acta nacional de uniformidad de los alimentos). El proyecto de ley no es un simple proyecto para la uniformidad de la seguridad de los alimentos, como lo afirman sus defensores. Bajo el disfraz de “uniformidad” nacional, este proyecto de ley eliminaría leyes estatales cruciales que protegen la salud del consumidor mientras que dejaría tal como está un sistema federal inadecuado basado en el mínimo común denominador de protección.

Así como está redactado, el proyecto de ley eliminaría leyes y normas estatales de seguridad de alimentos que no son “idénticas” a leyes federales, incluso en áreas donde el gobierno federal no ha tomado medidas. El proyecto de ley podría perjudicar directamente a los consumidores al aumentar la exposición a enfermedades transmitidas por los alimentos, debilitando la autoridad de los oficiales estatales sobre la seguridad de éstos y anulando leyes estatales del etiquetaje de la comida. Para mantener las leyes actuales en su lugar, a los estados se les requeriría pasar por un nuevo proceso regulador de apelaciones costoso, que requiere de mucho tiempo y es oneroso, el cual la Congressional Budget Office ha estimado que costaría sólo al gobierno federal más de $100 millones por un período de cinco años. Al final, el gobierno federal podría acabar negando peticiones estatales para mantener sus propias leyes inalteradas.

De ser adoptada la Resolución de la Cámara 4167, los estados se debilitarían en su capacidad de decretar leyes para proteger nuevas amenazas a la salud pública y a la seguridad de los alimentos. Hoy, los estados a menudo son los que van a la cabeza en el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras de políticas que pueden ser copiadas en las leyes federales. California exigió etiquetas en los productos alcohólicos con respecto a los peligros a mujeres embarazadas antes que lo hiciera el gobierno federal; la ley de California va más allá del alcance de la ley federal, ya que también exige tales anuncios en restaurantes y bares, para asegurarse que mujeres embarazadas estén informadas sobre los peligros de consumir alcohol aún cuando no se les dé una botella. Si pasa la resolución 4167, los estados perderían la capacidad de actuar en áreas donde el gobierno federal no ha actuado todavía, debilitando este importante papel estatal.

El proyecto de ley también limitaría la autoridad de los oficiales estatales y locales encargados de la seguridad de los alimentos para hacer cumplir leyes actuales. Estos oficiales, quienes son responsables por el 80 por ciento del trabajo de seguridad de los alimentos del país, regularmente mejoran los estándares de entrenamiento, higiene y etiquetaje para afrontar enfermedades transmitidas por los alimentos y otros peligros a nuestras provisiones de comida, ya sean naturales o causadas por el hombre. Sólo en 2001, los estados actuaron en 45,000 casos diferentes para remover alimentos adulterados del mercado. La Resolución de la Cámara. 4167 podría anular la legislación que permite actuar en la mayoría de estas acciones.

Los estados también han dado el ejemplo en exigir leyes de etiquetaje de alimentos para informar a los consumidores sobre sustancias potencialmente peligrosas en la comida, lo cual asegura que los consumidores tienen la información que necesitan para tomar decisiones bien informadas sobre qué comer. Por ejemplo, la Proposición 65 de California, la cual la resolución 4167 anularía, exige etiquetas en productos que contengan sustancias a niveles que planteen un riesgo significativo de causar cáncer o defectos de nacimiento. Las leyes como la Proposición 65 han creado un incentivo en el mercado de mantener fuera de las provisiones de alimentos de la nación a las sustancias peligrosas, a la larga protegiéndonos a todos.

Las leyes estatales sobre seguridad de los alimentos también abordan asuntos de especial importancia para estados y regiones específicas. Entre las muchas leyes que serían anuladas por la Resolución de la Cámara 4167 están los requisitos de Arkansas y Mississippi de que el bagre sea etiquetado como criado en un criadero, río, lago u océano y los requisitos de Nueva York para procesar pescado ahumado.

La Resolución de la Cámara 4167 es uniformemente mala para los consumidores. Le exhortamos a oponerse a este proyecto de ley. Por favor, contácteme al (202) 462-6262 si tiene más preguntas.

Atentamente,

Susanna Montezemolo
Analista de políticas