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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 7 de febrero de 2001 |
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LAS
ORGANIZACIONES CIVILES Y LOS GOBIERNOS DE LAS CIUDADES EXHORTAN AL TRIBUNAL
SUPREMO DE CALIFORNIA A QUE ANULE LAS TARIFAS DE SEGURO
DE AUTOMÓVIL BASADAS EN LOS CÓDIGOS POSTALES
Una demanda judicial busca salvaguardar el propósito de la Propuesta de 103 en el sentido de que las tarifas deben basarse en la forma en que manejan los asegurados, más no en dónde viven
San Francisco, CA - Las organizaciones civiles y los gobiernos de las ciudades de San Francisco, Oakland y Los Angeles archivaron el día de hoy una apelación ante el Tribunal Supremo de California como parte de su demanda judicial para impedir que las compañías de seguros fijen sus tarifas principalmente con base en los códigos postales, el género sexual, el estado civil y otras características de los automovilistas, en clara violación de la Propuesta 103. En el caso Spanish-Speaking Citizens Foundation vs. Chuck Quackenbush, las organizaciones le piden al juez que anule un reglamento aprobado por el Departamento de Seguros de California cuando Quackenbush era el Comisionado de Seguros. Dicho reglamento permite a las aseguradoras evadir la ley y ha obligado a los residentes de bajos ingresos con buenos antecedentes como conductores, a que paguen tarifas de seguros más altas simplemente a causa del lugar en dónde viven.
La Propuesta 103, aprobada por los votantes de California en 1988, exige que las compañías aseguradoras de automóviles basen sus tarifas principalmente en tres factores obligatorios: el historial de manejo, el millaje, y los años de experiencia al volante. Sin embargo, en 1996, el anterior Comisionado de Seguros, Chuck Quackenbush dictó ordenamientos que han permitido que las aseguradoras sigan asignándole mucho más peso al código postal del conductor y a otros factores, tomándolos como los factores más importantes.
"La Propuesta 103 ha dejado muy en claro que es ilegal que las compañías de seguros para automóvil basen sus tarifas principalmente en dónde vive un conductor," afirmó Norma Garcia, Abogada en Jefe de las Oficinas Regionales de la Costa Occidental de Consumers Union (la Union de Consumidores), una de las partes que presentó la demanda. "Exhortamos al Tribunal Supremo a que defienda la voluntad de los votantes de California y anule esta práctica discriminatoria."
Además de Consumers Union y las tres ciudades, la demanda fue entablada por el Proposition 103 Application Project (Proyecto de Aplicación de la Propuesta 103), la Spanish Speaking Citizens Foundation (Fundación de Ciudadanos Hispanohablantes) y la Southern Christian Leadership Conference.
"La Ley marca que los conductores cuenten con seguro de automóvil para poder trasladarse al trabajo o llevar a sus hijos al médico o a la escuela," aseveró José Arredondo, Director Ejecutivo de la Fundación de Ciudadanos Hispanohablantes. "Es completamente injusto obligar a un conductor que vive en un barrio de bajos ingresos de Oakland a que pague un 30% más que el mismo conductor con el mismo historial de manejo, la misma cobertura y el mismo automóvil, que vive en las zonas más exclusivas de Oakland."
"Durante 12 años, las compañías de seguros han ignorado la voluntad de los votantes y han utilizado los códigos postales como el único factor de mayor importancia al fijar las tarifas para seguros de automóvil," expresó Mark Savage, un abogado que trabaja para Public Advocates, el despacho jurídico que representa a los grupos civiles en la demanda. "Los reglamentos del Departamento de Seguros son un intento descarado por evadir el objetivo de la Propuesta 103 y básicamente autorizan políticas de precios discriminatorias."
Conforme la Propuesta 103, cada factor que determina las tarifas de seguros debe contar con un valor "numérico." El valor, o importancia, de cualquier factor optativo que utiliza una aseguradora, tales como el código postal, el género sexual o el estado civil, debe ser menor que el valor de cada factor obligatorio, al determinar las primas del seguro de automóvil. El historial de seguridad del conductor, el millaje anual, y los años al volante deben ser de primordial importancia al determinar las primas de seguro de automóvil.
Los reglamentos de Quackenbush, sin embargo, permiten que las aseguradoras tomen un promedio al sopesar cada factor optativo, en lugar de fijar valores numéricos individuales para cada factor individual. Al utilizar este método para sacar un promedio, las aseguradoras pueden entonces asignar un mayor valor a factores como el código postal y el genero sexual, mientras que los combinan con otros factores con valores extremadamente bajos. De esta manera, el valor promedio de todos los factores optativos podría ser menor que cualquiera de los tres factores obligatorios. No existe disposición dentro de la Propuesta 103 que permita que se saquen promedios de los valores para asignarle una mayor importancia al código postal u otros factores optativos.
"Las normas de la Comisión de Seguros han permitido que las aseguradoras hagan uso de trucos estadísticos para evadir la Propuesta 103," dijo el Abogado de la Ciudad de Los Angeles, James Hahn. "El propósito de esta demanda es ponerle fin a estas prácticas discriminatorias para que los conductores no se vean obligados a pagar tarifas de seguros más altas simplemente por causa del lugar en que viven."
El basar las tarifas principalmente en el código postal, en lugar del historial de manejo, conlleva graves consecuencias para muchos conductores. Por ejemplo, un conductor varón joven paga $1,706 por el seguro de una compañía aseguradora importante de San Luis Obispo. El mismo conductor, con un historial de manejo y otras características idénticas, pagaría $7,844 por el seguro en el barrio South Central de Los Angeles. La única diferencia entre estas dos tarifas es el código postal. En la Ciudad de Oakland, la prima en el distrito predominantemente latino de Fruitvale sería de $4,417, mientras que en el distrito más exclusivo de Montclair, el mismo chofer pagaría $3,398.
"Las tarifas de los seguros se deben basar en cómo maneja uno, no en dónde vive uno," indicó la Abogada de la Ciudad de San Francisco, Louise Renne. " Esta política le da el visto bueno a las aseguradoras para que discriminen en contra de las personas que viven en barrios de bajos ingresos."
"Estas prácticas discriminatorias han hecho que sea imposible para muchos conductores de bajos ingresos poder pagar por el seguro del automóvil," afirma John Russo, el Procurador de la Ciudad de Oakland. "Es hora que pongamos fin a esta política para que los conductores no sean castigados mediante tarifas elevadas sólo a causa de su domicilio."
En Junio de 1998, un juez del Tribunal
Superior de Oakland falló a favor de los quejosos en dos casos que
impugnaban esta política de los códigos postales. Uno fue archivado
por las ciudades, conjuntamente con Consumers Union, la Fundación de
Ciudadanos Hispanohablantes y la SCLC, mientras que el otro fue interpuesto
por el Proyecto de Aplicación de la Propuesta 103. Los casos fueron
posteriormente unificados en el caso Spanish Speaking Citizens Foundation
vs Quackenbush, cuando fueron apelados por el Comisionado, State Farm y Farmers
Insurance Company. El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Apelaciones
de California, con sede en San Francisco, anuló el fallo del Tribunal
Superior y ratificó los reglamentos
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Consumers Union, editora de la revista Consumer Reports, es una organización sin fines de lucro establecida en 1936 para ofrecerle a los consumidores información y consejos sobre bienes, servicios, salud y finanzas personales, y para iniciar y cooperar con esfuerzos individuales y de grupo para mantener y mejorar la calidad de vida de los consumidores.
